Economía política del COVID-19/VIH-SIDA: ningún orgullo para las disidencias sexuales

Ha sido sostenido que la pandemia del SARS-CoV-2 pone de manifiesto las desigualdades estructurales de nuestras sociedades, en Chile y a lo largo del mundo. Esta es una lectura por lo bajo complaciente y por lo alto, incorrecta. Complaciente, pues las desigualdades sociales en Chile no pertenecen al inframundo de lo oculto sino que, con o sin pandemia, se inscriben en el mundo de lo visible-hasta-lo-obsceno. Incorrecta, ya que la pandemia puede ser muchas cosas pero ni siquiera tangencialmente, un fenómeno demostrativo.

La pandemia no muestra, demuestra y/o “visibiliza” situaciones que en otro contexto, pudieran encontrarse ajenas al ojo que recorre ciudades y pueblos. La pandemia pone en marcha un proceso económico global (tanto en un sentido planetario, como en un sentido de totalización de las dimensiones de la vida y la organización social que ella toca) de aceleración y profundización de las condiciones de precarización, de todas aquellas subjetividades que se encuentran ya asignadas a lugares marginales por y en los procesos de producción y valorización del capital.

El día 14 de mayo de este año comenzó a circular por las redes sociales una video-denuncia, en el que un joven viviendo con VIH interpela al entonces Ministro de Salud Jaime Mañalich,  por problemas en la entrega de su terapia antirretroviral (TARV). A Sebastián Neira le fueron entregadas diez dosis del medicamento Genvoya para su tratamiento, en lugar del total de las 30 dosis que cubren su medicación mensual. Dicha entrega del tratamiento se encuentra contemplada en el régimen de Garantías Explícitas de Salud (GES), asegurando su acceso a cualquier persona que tenga necesidad de él. No sólo el tratamiento forma parte del Plan GES, sino también la detección de la infección por lo que el acceso a las pruebas de diagnóstico también se encuentran cubiertas por el programa. 

Haciendo eco de la amplificación que el activista Víctor Hugo Robles hiciera de la situación descrita, Tomás García publicó el 22 de mayo un reportaje en El Desconcierto donde alerta sobre la situación de la entrega de los tratamientos antirretrovirales. La columna de García pone de manifiesto al menos tres ejes problemáticos los que, en conjunto, designan un proceso económico-político ampliado. Estos tres ejes son los siguientes:

1) Incapacidad de los Estados latinoamericanos para cumplir con recomendaciones de ONUSIDA respecto de la entrega adelantada de TARV “para hasta tres meses, siempre que las condiciones de dispensación, conservación y suministro del medicamento lo permitan”. A nivel latinoamericano, y según una encuesta que cita García, sólo un 10% de la población viviendo con VIH/SIDA estaría accediendo al tratamiento “multi-mes”. Las recomendaciones de entrega adelantada de ONUSIDA pretenden responder al menos a dos objetivos. Por un lado, disminuir los riesgos de contagio de COVID-19 en población viviendo con VIH/SIDA. Por otro lado, se pretende contrarrestar ciertos modelos predictivos que anuncian que si las personas viviendo con VIH/SIDA no acceden a sus terapias durante algún tiempo, nos encontraremos nuevamente en la triste situación de hace 40 años.

2) La situación anterior puede explicarse por una hipótesis arriesgada por cuanto ella suscita evidentemente angustia en la población viviendo con VIH/SIDA: el desabastecimiento de stock de TARV en el sistema público. Esta hipótesis expuesta por García en su reportaje se sostiene particularmente sobre la video-denuncia que mencionamos anteriormente1 y de manera general sobre los problemas de distribución de TARV en la cadena nacional; y sobre la denuncia que la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU sobre el desvío de recursos que financian la lucha contra el VIH/SIDA hacia la lucha contra el COVID. ~ Los problemas de distribución nacional de las terapias han sido diversos. Personas han sido prevenidas de cambios en los lugares de distribución de los medicamentos, desde las farmacias de hospitales hacia colegios o liceos. Sin embargo, cuando concurren a retirar sus dosis los envían de vuelta a las farmacias de los hospitales. ~ Respecto de la entrega adelantada de las terapias, desde la Central Nacional de Abastecimiento CENABAST (y el mismo ex-Ministro Mañalich) se sostiene que se han entregado lineamientos para la distribución anticipada, cuestión que no es efectiva en los centros de salud.  No sólo eso, sino que además desde algunos Servicios de Salud se afirma que han debido anticipar estrategias de abastecimiento debido a que desde CENABAST se sostuvo que los insumos para prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual solicitados no serían despachados. ~ En otras palabras, la pandemia del COVID-19 ha impactado sobre todo la distribución y el consumo de las TARV; el proceso de producción de la prevención de ETS y salud sexual, tanto en sus redes estado-nacionales como en sus articulaciones internacionales, se ve comprometido. Los problemas de distribución de los fármacos a nivel mundial se replican al interior del Estado de Chile entre el nivel central y las sub-unidades territoriales y administrativas. Si bien el Estado ha declarado adscribir a las directrices del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) para enfrentar la pandemia del COVID-19 en las poblaciones seropositivas, la entrega adelantada de las TARV no es real en el contexto latinoamericano2. Junto con ello, Michelle Bachelet sostuvo, en conversación con la Fundación Horizonte Ciudadano el 21 de mayo, que existen países en los que los dineros destinados al financiamiento de organizaciones que trabajan en la prevención y tratamiento del VIH, entre otras temáticas de género y salud sexual y reproductiva, se encontrarían desviados hacia estrategias para enfrentar la pandemia del COVID-19. Estos factores llevan a García a sostener, que la situación de las TARV se encuentra recorrida por un “fantasma del desabastecimiento”.

3) Toda economía política integra el dato subjetivo y es productora de subjetividad, y las perturbaciones en el sistema productivo conlleva necesariamente perturbaciones en el nivel del deseo. Las situaciones descritas por García en su reportaje y retomadas aquí impactan fuertemente en la comunidad viviendo con VIH/SIDA, y distintamente si observamos con detenimiento los diferentes modos de precarización y discriminación a las que son sometides nuestres compañeres según sus identidades de género, preferencias sexuales y orientaciones sexuales. Quisiéramos resaltar en todo caso la revictimización de la que muches son objeto. Las personas viviendo con VIH/SIDA han debido pulular por distintos lugares volviendo a exponer sus situaciones, se les ha llamado a viva voz no respetando la confidencialidad de sus condiciones seropositivas, etc.


Los problemas recién expuestos han sido confirmados por voces al interior del sistema público de atención como por representantes de organizaciones de la sociedad civil. En el programa radial “Siempre Viva en Vivo” emitido la noche del domingo 24 de mayo por Radio Universidad de Chile, Víctor Hugo Robles abordó no sólo los problemas planteados por la columna de García en El Desconcierto, sino que conversó y citó a diversas personas vinculadas a programas públicos de salud y activistas de organizaciones de la sociedad civil respecto de la situación de la salud sexual y reproductiva en el contexto de la pandemia. La Presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Chile, María Angélica Baeza, afirma que se estarían aplicando medidas de suspensión de atención de patologías crónicas (VIH/SIDA comprendida en este grupo) y confirma la entrega parcelada de las TARV debido a la falta de stock denunciada también  por Sebastián Neira y Iancu Cordescu. Marco Ruiz, del Observatorio de Políticas Públicas en VIH/SIDA y Derechos Humanos de la Fundación Savia, alerta sobre la ausencia de protocolos específicos de atención de emergencia a personas viviendo con VIH/SIDA durante la pandemia en los centros de salud, denuncia la suspensión de la atención regular de controles, e insiste sobre la entrega parcelada de las TARV. Carlos Fara, Fundador de la Plataforma PrEPárate/ChilePrEP, señala también la suspensión tanto de consultas por Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como de los controles a los que están sujetas las personas bajo PrEP, la interrupción del ingreso de nuevos pacientes PrEP en el sistema público, y nuevamente el desabastecimiento de TARV.

Los tres poderes del Estado se encuentran al corriente no tan sólo de la situación específica de la distribución y acceso a las TARV, sino también y más ampliamente, de la precarización que la pandemia del COVID-19 ha implicado para nuestras comunidades disidentes. El 5 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección en contra del entonces Ministro de Salud Jaime Mañalich interpuesto por el activista Víctor Hugo Robles. Teniendo 5 días el Ministerio para evacuar un informe que diera cuenta de la situación de la entrega de las TARV y de la adecuación de esta entrega al protocolo de ONUSIDA, el 15 de junio el Ministerio involucrado solicitó a la Corte una ampliación de plazo para la presentación de dicho informe, y el 19 del mismo mes una nueva ampliación. Hasta hoy el Ministerio de Salud no ha presentado el informe solicitado, pero la Corte ordenó no innovar por lo que Víctor Hugo Robles ha podido acceder a la entrega adelantada de su tratamiento.

Además, el 1° y 2 de junio la Diputada Natalia Castillo (Revolución Democrática) junto con otras nueve diputadas, y el Diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), han oficiado al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y a CENABAST, para conocer la cantidad de TARV para pacientes seropositivos disponibles en stock y proveídos a distintos organismos, conocer la disponibilidad de pruebas diagnósticas de VIH, y se solicita garantizar durante la alerta sanitaria el acceso a la salud sexual y reproductiva3. Finalmente, la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, sostuvo el día 5 de junio una reunión virtual con activistas de más de una decena de organizaciones de la sociedad civil de las disidencias sexuales para levantar un diagnóstico de nuestras comunidades en el contexto de pandemia, en la que fue informada, entre otros, de los siguientes problemas: imposibilidad de recepción de beneficios vinculados a la pandemia para personas migrantes sin cédula de identidad o permiso de residencia, y en particular trabajadoras sexuales trans, que se encuentran en total abandono y sin posibilidad de ejercer sus trabajos; aumento de violencias homo-lesbo-trans fóbicas y misóginas en hogares no afirmativos; ausencia de especialistas en ETS; no entrega de TARV en el Hospital de San Antonio; suspensión de tratamientos por condilomas y sífilis; los testeos rápidos estarían siendo suspendidos hasta nuevo aviso en el Hospital Padre Hurtado y en el Hospital de Concepción; en el Hospital Barros Luco se realizarán tests de Elisa sólo para casos “especiales” (parejas de embarazadas y víctimas de violencia sexual); etc.

Uno de los elementos que se desprende del problema planteado es, a mi juicio, el grado de autonomía antirretroviral con la que Chile cuenta, y que se inscribe en una más amplia política económica de precarización del acceso a la salud sexual y reproductiva ciertamente impulsada, alimentada y promovida – por (re)acción y omisión – por los grupos conservadores y reaccionarios de nuestra sociedad, conjugándose a su vez con la posición del Estado chileno en el circuito global de producción, distribución y consumo de TARV y otros insumos para la salud sexual y reproductiva. En particular, la salud sexual de las personas viviendo con VIH/SIDA presenta una dependencia extrema de las empresas transnacionales productoras de medicamentos. Dicho de otro modo, son las transnacionales farmacéuticas las que administran, en mayor o menor medida, el proceso ampliado del circuito productivo de terapias antirretrovirales y que, por lo tanto, hacen depender a las oscilaciones de las cargas virales de los flujos económicos. 

Como se mencionaba al comienzo, la pandemia del COVID-19 no “visibiliza” a las personas viviendo con VIH/SIDA sino que las precariza aún más, y pone de manifiesto la urgencia en avanzar hacia mayores grados de autonomía antirretroviral territorial, intensificando el proceso productivo ampliado de TARV dentro de los límites del Estado o, al menos, de la región.

(Y aquí, hemos hablado estrictamente de salud sexual y reproductiva, pero bien podemos ensanchar la discusión y denunciar la precariedad a la que las élites tienen sometido a nuestros deseos en general. Lejos, muy lejos nos encontramos del horizonte de soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos porque sus medios de producción y reproducción nos son arrebatados y nos mantienen en una situación de dependencia material y subjetiva).

Un segundo elemento tiene que ver con la gestión pandémica de las pandemias, o la biopolítica del desastre selectivo. La denuncia de Bachelet en torno al desvío de financiamiento para la prevención y lucha contra el VIH/SIDA (y la malaria y tuberculosis) hacia programas destinados a la lucha contra el COVID-19, nos hace pensar que existe, en la mente de la gobernanza global y local, una equivalencia pandémica o, lo que es lo mismo, un elemento (a descubrir) que permite igualar la prevención y lucha contra el VIH/SIDA a la lucha contra el COVID. Extraño razonamiento derivado del dogma bíblico de las necesidades infinitas y los recursos limitados: ¿Podrían entonces mermarse los presupuestos de seguridad nacional y orden para destinar recursos hacia el COVID? ¿Por qué el VIH/SIDA es más homologable al COVID que el cáncer?

La gestión de la pandemia incuba pandemia y organiza la vida y la muerte de las poblaciones según criterios estigmatizadores, los clásicos, los malditos:
clase, raza, género.

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(1) En 8 de 11 centros de atención para personas viviendo con VIH se habrían registrado entregas de medicamentos por dosis que no superan los treinta días.
(2) Cita estadística, encuesta ONUSIDA, El Desconcierto.
(3) Oficios n.º 53318,53319 y 53320 del 1° de junio; Proyecto de resolución 1106 del 2 de junio.

Por Cris Grebe

(el/ella) Investigadorx social, siguiendo el deseo se desliza por los meandros que llevan del saber al poder, y vice-versa.